En Asebayer, nuestro compromiso siempre se ha caracterizado por apoyar a nuestros asociados de una forma eficiente y oportuna; respetando en todo momento el cumplimiento de la normativa establecida para las Asociaciones Solidaristas.
Como parte de este compromiso, hemos estado analizando cada uno de los componentes de la nueva Ley 9859, llamada Ley contra la usura crediticia; la cual establece una serie de lineamientos orientados a regular la actividad crediticia a nivel nacional.
Es claro que el espíritu de la Ley es proteger a toda aquella persona que tenga la necesidad de recurrir a una entidad financiera para obtener un crédito; esto por cuanto, la naturaleza de las entidades financieras es generar utilidades para sus accionistas sin considerar a fondo el costo social que estas utilidades tengan. Es aquí donde la Ley contra la usura crediticia representa un contrapeso a favor de los ciudadanos; protegiéndolos de prácticas abusivas que han derivado en un serio deterioro social a través de los años.
Lamentablemente, esta misma Ley, que busca la protección financiera de los ciudadanos ha atropellado al sector Solidarista que ha tenido ese rol de protección socioeconómica de sus Asociados durante más de 60 años; brindando oportunidades favorables de crédito como un fin social y no de lucro. En efecto, varios artículos de la Ley 9859 están paralizando las operaciones crediticias del Solidarismo por la imposibilidad material de su cumplimiento.
Primeramente, está el requerimiento de acudir a la Central de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF por cada crédito que se trámite (automáticos, personales, de vehículo, salud, estudio, vales administrativos, facturas por compras a los proveedores con los que se tiene convenio incluidos los seguros de vehículos y de incendio y cualquier otra línea de crédito que tengamos actualmente) esto con el objetivo de visualizar el total de las obligaciones crediticias vigentes de cada asociado para evitar su sobreendeudamiento.
Uno de los elementos clave del Solidarismo para mejorar la calidad de vida de sus Asociados es el tiempo con que se tramitan las soluciones ya que la mayoría de los créditos van orientados a suplir necesidades de primera necesidad. Esta posibilidad de ofrecer créditos de forma oportuna ha sido el eje sobre el cual las Asociaciones hemos trabajado para ofrecer soluciones a los Asociados que les brinde; no solamente créditos en pocas horas o días, sino también independencia geográfica ya que se ha reducido la tramitología presencial. Este requerimiento de acudir al CIC representa decenas de miles de solicitudes diarias, colapsando los canales que ofrece la SUGEF al no contar con mecanismos tecnológicos acordes a este volumen. Esto claramente representa un retroceso de décadas de esfuerzos por parte del Solidarismo para ofrecer soluciones oportunas a sus Asociados.
El otro tema, no menos importante, se refiere al aseguramiento de un salario líquido mínimo a los potenciales deudores. De igual manera, visualizando las estrategias agresivas de entidades financieras por colocar sus productos; este artículo busca proteger a las personas de un sobreendeudamiento que los lleve a no contar con los medios mínimos para sobrevivir. Sin embargo; nuevamente esto no aplica al Solidarismo, ya que está en su naturaleza la protección socioeconómica de sus Asociados debido a que muchas de las operaciones crediticias van orientadas a satisfacer necesidades de primera necesidad; por lo que ya los elementos que protege el artículo están siendo cubiertos por las Asociaciones. Este artículo causa que las Asociaciones Solidaristas no puedan otorgar créditos para compras de artículos de primera necesidad o para el pago de servicios públicos; si estos créditos causan que el salario líquido sea inferior al exigido por ley; lo que contradice el artículo mismo, ya que esa diferencia en el salario se está utilizando para cubrir necesidades básicas
Analizando el impacto que tiene esta Ley, es claro que su intención es proteger a los ciudadanos de prácticas abusivas de financiamiento; pero también es claro que no se consideró el impacto negativo que tendría sobre el Solidarismo.
Sabemos la batalla que están librando los representantes del Solidarismo para comunicar a las autoridades Ejecutivas y Legislativas sobre el riesgo inminente que esta Ley ejerce sobre la paz social del país, construidas a través de décadas de esfuerzos humanos y tecnológicos que le permiten a cientos de miles de Costarricenses disfrutar de condiciones socioeconómicas dignas. Ofrecemos nuestro apoyo incondicional en esta batalla y estamos seguros, que el esfuerzo conjunto mostrara sus frutos en el corto plazo.
Mientras esta Ley siga vigente con sus condiciones actuales, es importante considerar sus implicaciones, ya que se deben respetar los lineamientos establecidos, y cumplir con todos los requisitos que esta indica, por lo que cualquier solicitud de crédito que ustedes tramiten se va a tardar mucho más tiempo de lo normal, ya que vamos a depender del tiempo que tarde SUGEF en dar respuesta a cada consulta de crédito que realizamos. Asimismo nos vamos a ver en la necesidad de solicitarles documentos adicionales, como una Declaración Jurada, una constancia salarial o la última colilla de pago, una autorización de rebajo de la cuota del crédito para enviarla a RRHH y la fotocopia de la cédula por ambos lados.
Esta ley establece penas y sanciones económicas bastante altas a quienes no respeten los límites de tasas de interés, así como los que otorguen créditos irrespetando el salario mínimo intangible, es por este motivo que tenemos que acatar de forma responsable los lineamientos establecidos.
Estamos a la espera de una iniciativa que algunos diputados están presentando a la Asamblea Legislativa para excluir al Solidarismo de varios artículos de esta Ley, de tal manera que podamos seguir ofreciéndoles nuestros servicios tal como los hemos venido manejando hasta la fecha.
Queremos ser parte del cambio, y aún más, queremos ser Solidarios con aquellas acciones que buscan sacar a Costa Rica de la crisis donde todos, sin excepción, nos estamos viendo afectados, y vamos a hacerlo siempre apegados al ordenamiento jurídico y buscando siempre el bienestar socioeconómico de nuestros asociados.
